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Fallaron a las mujeres violadas, y fallaron a las mujeres maltratadas

Venían a asaltar los cielos y deshacer entuertos e injusticias de siglos; eso dijeron. Los hechos: aliviaron las condenas de los violadores; y fallaron a las mujeres maltratadas: Irene Montero, y Podemos.

No es que “fallara el sistema”, es que jugaron con las vidas de estas mujeres. En algunos casos hasta ocho meses expuesta a que el agresor pueda acercarse sin que nadie avisara… ¿Cómo puede ser que haya gente en vuestro Ministerio que no tenga ni idea de lo que una orden de alejamiento significa?

Ahora sabemos que hay informes que llegaban, y movimientos que no se registraban, datos que perdían sentido… Ahora sabemos que algo no cuadraba en el traspaso entre el antiguo y el nuevo proveedor, pero nadie dio la alarma. Desde Igualdad no se informó a las fuerzas del orden ni a los juzgados; se dejó pasar. Aquí hay responsables.

Esto no es un simple error administrativo, es negligencia política. ¿Cómo es que se cambió de proveedor solo por “ser mucho más barato” sin asegurar la continuidad de datos críticos? ¿Acaso ahorrar dinero justifica poner en riesgo a mujeres, a personas vulnerables?

La seguridad jurídica depende de esos datos: órdenes de alejamiento, historial de acercamientos, alertas previas. Si no se registra bien cada movimiento del agresor, los juzgados no tienen pruebas. Eso provoca sobreseimientos, absoluciones, por falta de constancia en los hechos. Aquí no hay mera “discrepancia técnica”, sino consecuencias gravísimas para víctimas que creyeron estar protegidas.

pura filfa esto que dicen desde el gobierno: lo que queremos es creer que actuamos lo mejor posible, que la transición fue autorizada conforme a la ley, que se intentó minimizar riesgos. El nuevo contrato ofrecía un ahorro importante, y se confiaba en que los sistemas informáticos mantendrían la integridad de los datos.

“Confiabais”… pero mientras confiabais yo vivía con miedo. No bastan promesas ni excusas. Necesito saber quién va a asumir responsabilidades: judiciales, políticas. ¿Quién os va a pedir cuentas? Esto es lo que piensan muchas mujeres, y no solo las que estaban "protegidas" con equipos defectuosos.

El Parlamento debe exigir comparecencias inmediatas. La ministra debe responder por escrito: ¿cuántas víctimas han sufrido por esta negligencia? ¿Cuántos procesos fueron archivados por datos que no se registraron? ¿Y quién va a reparar el daño moral y el riesgo que se corrió?

Nunca más dejar expuestas a las víctimas.: hablan de instalar un sistema redundante de registros, copias seguras, auditorías externas independientes. Lo que haga falta. Pero estos no, al revés: aparatos de baratillo y que no funcionan para proteger a las víctimas.

Y que este contrato se revise legalmente. Que los funcionarios que detectaron discrepancias puedan testificar. Que haya transparencia total: contratos, auditorías, registros.