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El Parlamento Europeo denuncia el sistema ruso de tortura contra civiles ucranianos

El Parlamento Europeo acogió el pasado 1 de julio una sesión dedicada a denunciar la situación de miles de civiles ucranianos secuestrados y recluidos ilegalmente por Rusia en prisiones y campos especiales que evocan los antiguos gulags soviéticos. Durante el acto, activistas, eurodiputados y víctimas del sistema ruso de detención arbitraria denunciaron un entramado sistemático de represión, tortura y desapariciones forzadas en los territorios ocupados.

Entre los participantes destacaron las eurodiputadas Rasa Juknevičienė (Lituania) y Anna Fotyga (Polonia), firmes defensoras de Ucrania en el seno de la Unión; la activista medioambiental y de derechos humanos Evgeniya Chirikova, creadora del documental Prisoners: The System of Terror; y varios ucranianos que han sufrido en carne propia la detención ilegal, como Tetiana Omelianenko, madre de un civil detenido hace tres años en Berdiansk, o Dmytro Lubinets, comisionado ucraniano para derechos humanos, quien ofreció datos demoledores sobre las condiciones de encierro. También intervinieron representantes de organizaciones como Vesna, Ostrozhenko Human Rights y abogados defensores de víctimas.

Desde 2022, Rusia habría creado campos de filtración y confeccionado listas de ciudadanos ucranianos seleccionados para ser encarcelados, torturados o eliminados. Ese mismo año, el gobierno ruso aprobó un programa de mil millones de dólares para ampliar su sistema penitenciario. En 2024, el Servicio Penitenciario Federal (FSIN) solicitó un presupuesto once veces mayor.

Las víctimas incluyen principalmente civiles sin cargos penales, internados en centros de detención preventiva (SIZO), donde no existen registros ni procesos legales, quedando fuera de cualquier protección jurídica. Los testimonios revelan un patrón de torturas: descargas eléctricas, violencia sexual, amputaciones, privación de alimentos, ejecuciones simuladas y castigos colectivos.

En el centro de detención SIZO-2 de Taganrog, donde falleció la joven periodista ucraniana Viktoriia Roshchyna, los prisioneros llegan a pesar apenas 40 kilos. Según la activista y directora del documental Prisoners: The System of Terror, Evgeniya Chirikova, “las torturas se repiten de un campo a otro; no son la excepción, sino el sistema”.

La situación legal presenta un grave vacío. Las Convenciones de Ginebra no contemplan la detención ni el intercambio de civiles, lo que deja a estas víctimas sin amparo legal ni mecanismos de protección. Por ello, se exige a la comunidad internacional la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles ucranianos en manos de Rusia.

Esto va para resolución del Parlamento, seguro. Lo hemos visto antes: primero la denuncia, luego el documento con firma de todos los grupos pro derechos humanos y finalmente una condena diplomática. Lo que hace falta es que eso se traduzca en algo más que papel. Que haya consecuencias reales para los responsables rusos.

Evgeniya Chirikova va a ser una figura clave en esto. Ya ha movido campañas medioambientales potentes en Rusia y sabe usar bien los medios. Si logra colocar su documental en la agenda de festivales o en universidades de peso, esto puede escalar a otro nivel. Pero necesitan protección. No es menor lo que están haciendo.

A mí me parece una locura que los civiles no estén contemplados en los intercambios. ¿Qué clase de vacío legal es ese? Alguien tiene que romper esa trampa burocrática. Si la ONU no se mueve, deberían empujar desde Turquía o Suiza, países que a veces hacen de bisagra con el Kremlin. Esto no puede quedarse así.

Esto me recuerda al trabajo que se hizo en Bosnia o en Ruanda: documentar, documentar, documentar. Es largo, pero sin eso no hay juicios posibles. Y aquí hay pruebas de sobra. Rusia sabe que los está dejando morir de hambre, y eso —como mínimo— es crimen de guerra. Que nadie diga luego que no se sabía.

Viktoriia Roshchyna puede convertirse en un símbolo como lo fue Navalni o incluso más, si se articula bien. Pero para eso los grandes medios deben implicarse. Si El País, Der Spiegel o Le Monde lo ponen en portada, el tema entra en la narrativa global. Si no, se quedará en Bruselas y Twitter, y nada más.